La valoración documental en las Comunidades Autónomas españolas.
El aumento de la producción de documentos y de información, en múltiples soportes y formatos, ha condicionado el desarrollo de la Archivística en las últimas décadas, provocando cambios notables en los fundamentos teóricos de la disciplina e importantes variaciones en la práctica profesional. La valoración, y las acciones de disposición derivadas de la misma, es una de las actividades que ha experimentado una transformación mayor, tal como se puede apreciar en los estudios teóricos, las fuentes normativas y los instrumentos técnicos publicados y elaborados en los últimos años. Esa diversidad de planteamientos, métodos y técnicas de trabajo resulta enriquecedora, pero, al mismo tiempo, entraña el riesgo de generar inconsistencias profesionales derivadas de diferentes interpretaciones de los mismos principios.
La organización administrativa descentralizada del Estado Español, organizado en 17 grandes Comunidades Autónomas, favorece la cercanía de las instituciones autonómicas de gobierno a los administrados, pero, al mismo tiempo, da lugar a diferentes formas de actuar en los distintos territorios. Los archivos no escapan a esa realidad administrativa, de modo que cada Comunidad Autónoma cuenta con un sistema archivístico propio, que, pese a disponer de rasgos comunes, también presenta sus particularidades. En este contexto, el trabajo que presentamos se plantea con el objetivo general de analizar, desde una perspectiva comparada, la situación de la valoración documental en el ámbito de las Comunidades Autónomas españolas, identificando sus analogías y diferencias.
Mediante una metodología de carácter comparativo, se obtienen resultados de interés relacionados con tres aspectos relativos a la valoración en las Comunidades Autónomas españolas. En primer lugar, se advierten las diferencias terminológicas existentes relacionadas con la propia actividad, con los órganos implicados en su realización y con las herramientas técnicas resultantes. En segundo lugar, se analizan las características, estructura y elementos de los instrumentos técnicos elaborados en las diferentes Comunidades Autónomas (calendarios de conservación o tablas de valoración) evaluando el nivel de coincidencia y discrepancia existente entre ellos. Por último, dado que catorce Comunidades Autónomas han aprobado sus políticas de gestión de documentos electrónicos, en las cuales se definen de forma detallada los procesos básicos de gestión de documentos, se estudia la forma en que es tratado el proceso de valoración documental en dichas políticas.
En definitiva, los resultados obtenidos permiten apreciar la situación de la valoración de documentos en los órganos ejecutivos de las Comunidades Autónomas españolas, tanto desde un punto de vista terminológico como desde una perspectiva técnica.